POR ROSARIO ESPINAL
Ningún país los quiere. Llegan de África y del Caribe a Estados Unidos, Canadá y Europa buscando mejor vida. Unos entran, otros no, y muchos sucumben en el deseo. A Rusia, China, Japón o Corea no se asoman.
Si en República Dominicana hubiese prevalecido la sensatez gubernamental, los gobiernos dominicanos no hubieran permitido una extensa migración de haitianos indocumentados. (Vea;quienes son los apatridas)
¡Pero no! La explotación virulenta del capitalismo salvaje subdesarrollado, y la corrupción rampante de funcionarios civiles y militares dominicanos, determinó lo sucedido: un flujo por décadas de haitianos indocumentados para beneficio empresarial, incluido el Estado.
Si usted escucha decir que a los haitianos les pagan igual que a los dominicanos, pregunte por qué los dominicanos no hacen esos trabajos. La respuesta es sencilla: muy bajos salarios con jornada de pito a pito en condiciones infrahumanas.
En Haití las condiciones económicas y políticas son peores, y como sucede entre países fronterizos de desarrollo desigual, los haitianos fluyen a territorio dominicano.
Este flujo migratorio, repito, ha sido patrocinado por los gobiernos dominicanos que nunca han establecido controles efectivos en una pequeña frontera.
Como esta población inmigrante es pobre y negra, los gobiernos dominicanos pensaron que negando documentos y apelando al nacionalismo, los mantendrían excluidos; pero eventualmente los sistemas de explotación se tambalean, y ahí estamos.
República Dominicana enfrenta ahora el grave problema de tener en su territorio cientos de miles de haitianos indocumentados, y miles de descendientes nacidos en territorio dominicano; la inmensa mayoría sin papeles de Haití o de República Dominicana.
La indocumentación es precisamente la negación de su existencia en ambos países. Son cuerpos sin ciudadanía, jornaleros sin alma humana.
Supongamos que Haití otorgara acta de nacimiento y pasaporte a todos los haitianos y sus descendientes en territorio dominicano: ¿les dará el Gobierno dominicano residencia legal a todos? Si documentarlos es el objetivo, República Dominicana debió ahorrarse el escándalo internacional del último año.
Y si Haití no otorga documentación a sus nacionales en República Dominicana, ¿qué hará el Gobierno dominicano? ¿Los deportará aunque deje a los empresarios agrícolas y de la construcción sin mano de obra barata? ¿Seguirán trabajando indocumentados? ¿Y qué pasará con sus descendientes?
La súper-explotación del capitalismo salvaje subdesarrollado y la corrupción de oficiales dominicanos, han producido esta vasta miseria humana que ha desatado los demonios ideológicos de la peor estirpe del nacionalismo racista.
A estos inmigrantes pobres y negros la vida les ha negado derechos fundamentales en su país de origen (Haití), y la posibilidad de asentarse legalmente en el país donde laboran (República Dominicana). Ni siquiera las leyes de regularización y naturalización dominicanas han dado resultados ante la inmensa ilegalidad apilada por años y la marginalidad en que viven los haitianos y sus descendientes. Pocos se han acogido a esas leyes hasta ahora.
La República Dominicana puede salirse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA y la ONU, y la situación migratoria de los haitianos seguirá irresuelta, porque el empresariado dominicano y el Estado son adictos a la súper-explotación laboral. He aquí la raíz del problema. Por eso no garantizan derechos.
El tollo migratorio que auspició el Gobierno dominicano por décadas ha generado ahora un tollo legal nacional e internacional, ejemplificado por la Sentencia TC 168-13 y el fallo de la Corte Interamericana, con el agravante de que en este conflicto la sensatez escasea y la irracionalidad impera aquí, allá y acullá.
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